Crisis en Tacuarembó: Escándalo por irregularidades financieras en cooperativa vinculada al Partido Colorado.
A menos de dos meses de las elecciones internas, el panorama político en Tacuarembó se ve sacudido por un escándalo de corrupción que ha llevado a la expulsión de un destacado dirigente de la lista 2215 del Partido Colorado. Las sospechas de irregularidades financieras en la cooperativa social Batoví, contratada por OSE, han generado una ola de controversia que pone en entredicho la integridad de algunos actores políticos locales.
El dirigente Santiago Díaz Viana, figura destacada en la carrera a diputado y conocido por su apoyo a Andrés Ojeda, ha sido desvinculado de la lista colorada debido a las graves sospechas que recaen sobre su gestión en Batoví. Esta cooperativa, fundada en 2022 y contratada por OSE para diversas labores, ha sido el epicentro de las acusaciones de malversación de fondos y prácticas financieras cuestionables.
Según revela el pedido de acceso a la información pública, de Edgardo Rodríguez, del Frente Amplio de Tacuarembó, las cifras proporcionadas por OSE evidencian un patrón preocupante de contratación, donde se destaca el caso de Díaz Viana. Este dirigente, previamente ligado al despacho de la vicepresidenta de OSE, fue beneficiario de jugosos contratos por parte de empresas suministradoras de mano de obra para la entidad estatal.
Paralelamente, la creación de Batoví por parte de dirigentes de la lista 2215 ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y favoritismos políticos. A pesar de la renovación de su contrato con OSE por una suma considerable, la cooperativa ha sido objeto de escrutinio debido a irregularidades en los pagos al Banco de Previsión Social y salarios no abonados a sus empleados.

La situación en Batoví ha alcanzado niveles críticos, con la suspensión de pagos por parte de OSE y la intervención del Ministerio de Desarrollo Social para una auditoría exhaustiva. Mientras tanto, la salida de Santiago Díaz de la lista 2215 ha dejado un vacío político en el Partido Colorado local, evidenciando la fragilidad de las estructuras partidarias frente a casos de corrupción y mala praxis.
Este caso subraya la importancia de una gestión transparente y responsable en la administración de recursos públicos, así como la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre las prácticas políticas a nivel local. La ciudadanía de Tacuarembó merece respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes para restaurar la confianza en el sistema político y garantizar la integridad de las instituciones democráticas.
Fuente: El Observador

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