Historias de desabastecimiento en Argentina y Venezuela.

¿Ahora le toco a Uruguay?
El primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo marcado por el conflicto que mantuvo con la patronal agraria Argentina a raíz de la resolución 125/08, que aumentaba las retenciones móviles a la soja y girasol. El conflicto por el decreto se extendió durante 127 días e incluyo huelga de comercialización granos, cortes de ruta, actos y movilizaciones, cacerolazos alternados con negociaciones que no lograron acercar las partes. Las medidas pusieron al país al borde del desabastecimiento.
No paso mucho tiempo para que la medida de fuerza se politizara y los rumores acerca de un posible pacto entre líderes de la oposición, los dirigentes rurales y un tercer actor que fue el grupo Clarín y otros medios de comunicación, se gestaran en el aire sobre un intento de desestabilización al gobierno kirchnerista.
La ex Presidente Argentina durante el conflicto califico las manifestaciones como “los piquetes de la abundancia” y aseguro que no se iba a dejar extorsionar por lo que denominó “lock out” patronal.
Finalmente el ejecutivo envío la resolución al congreso donde, aprobada por la cámara de diputados, fue finalmente rechazado en el Senado, gracias al voto “no positivo” del entonces ex vicepresidente Julio Cobos.
En tanto en Venezuela se lleva adelante lo que se denomina “guerra económica” en donde la escasez de alimentos obedece a factores que se han desencadenado como consecuencia de esta, a raíz de la especulación, la acumulación y el contrabando de extracción. Así se justificada la ausencia de productos básicos en las cadenas de comercialización privadas.
El sector privado representa alrededor del 70 % de la producción venezolana. Es decir, una mayoría considerable que tiene parte en la estabilidad o inestabilidad económica de ese país. El conglomerado del sector privado, liderado por Fedecámaras y Consecomercio, han sido históricamente contrarios al modelo socialista venezolano.
Ambos organismos fueron parte del fracasado golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chavez. De hecho, el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, fue quien “tomo posesión” de la presidencia de Venezuela de forma arbitraria.
Desde hace mucho tiempo en las góndolas venezolanas se registran una intermitencia en cuanto a los productos de primera necesidad. Aparecen por un tiempo, pero desaparecen en otro. Esto ocurre principalmente con la leche, azúcar, harina de maíz, y de trigo y los productos de aseo personal. Estos son, básicamente los productos regulados por el gobierno a partir del 2013, debido a que los comerciantes especulaban estableciendo precios hasta 200 % por encima del costo real a determinados productos de la canasta básica.
Esto tiene también un claro objetivo político. El sector privado representa la mayoría del aparato productivo. Al no poner determinado producto en las góndolas, el pueblo empieza a preguntarle al gobierno ¿dónde está el producto?
Ese carácter “imprescindible” que adquiere el sector privado les da mucha fuerza y les permite mantener la guerra económica, que se acentuó al perder en las urnas en las elecciones presidenciales del 2013. Al perder en las urnas, buscaron ganar en las góndolas y encontraron en la economía una forma de dar golpes de Estado blando.
En estos días en nuestro país comenzaron a circular audios vía Whatsapp en donde se convocaba a productores a cortar por tres días el suministro de alimentos perecederos a Montevideo y al este del País, en protesta por “la situación del sector agropecuario”.” El primer objetivo es cortar el dialogo, ya que este no ha dado resultado en la historia del país para el sector agroindustrial”. En otro audio se proponía” cortar tres días todos los peajes del Uruguay” para impedir el pasaje de frutas y otros alimentos”
La idea tuvo origen en Paysandú en donde unos 50 productores manifestaron a diferentes medios de comunicación su reclamo por los costos del sector, que entienden elevados. ”No podemos tener un combustible a los precios que los tenemos, no podemos tener leyes sociales a los costos que tenemos y los pagos de IRPF, entre otros temas” manifestó uno de los organizadores.
Finalmente luego de reunirse en la Asociación Rural de Paysandú pospusieron las medidas y fijaron una próxima reunión para el 23 de enero en Durazno.
Claramente se está gestando en nuestro país un movimiento inspirado en los acontecimientos generados en Argentina y Venezuela. Utiliza las mismas herramientas y estrategias que en estos países, y persigue el mismo objetivo. Tiene como estrategia el desabastecimiento a través de diferentes mecanismos y de esta forma generar un ambiente de disconformidad y descontento en la ciudadanía justo en un año pre electoral. Tiene claramente un objetivo político, por más que se nos quiera hacer creer que son productores “independientes”, que trata de desacreditar y debilitar al gobierno, y de esta manera intentar ganar las elecciones nacionales, que les permitiría volver al poder e implementar políticas neoliberales de recorte y flexibilización laboral que tanto añoran.
El gobierno debería escuchar los reclamos auténticamente realizados de productores, sobre todo pequeños y medianos, que pueden estar atravesando dificultades, y junto a ellos tratar de encontrar soluciones. Seguro la situación económica que atraviesa los empresarios dueños de grandes extensiones de tierra que promocionan y fomentan estas movilizaciones, a los que les ha ido muy bien en estos últimos años, no es dificultosa ni de penuria. Me gustaría que ellos respondieran algunas preguntas como por ejemplo: ¿Cuándo el costo de producción fue bajo en nuestro país? ¿Cuándo al sector le fue mejor que en estos últimos 12 años?
Nosotros, los militantes de izquierda, deberemos estar atentos, porque obviamente aquí se está organizando otra cosa, para lo cual deberemos estar informados y alertas. Veremos que sucede el 23 en Durazno.