En un nuevo episodio que evidencia las prácticas clientelistas y la falta de transparencia en la administración pública, el exedil nacionalista Fabricio Sempert renunció a su banca en la Junta Departamental de Tacuarembó el 7 de marzo de 2024 y, apenas 15 días después, fue designado directamente como funcionario en la Intendencia de Tacuarembó. Teniendo actualmente la categoría de Sub Capataz Gral. con un contrato permanente en la función pública.
Este nombramiento, realizado sin concurso público ni proceso transparente, se suma a una larga lista de designaciones directas que han caracterizado la gestión del Partido Nacional en el departamento. Según informes anteriores, hasta un 98% de los ingresos de personal en la Intendencia de Tacuarembó se han realizado por designación directa, lo que ha sido objeto de denuncias por parte de la oposición y de organismos de control.
El contexto nacional: resistencia a la transparencia
Mientras tanto, en el Parlamento uruguayo se discute un proyecto de ley que busca regular el ingreso de funcionarios a las intendencias mediante concursos públicos y abiertos, con el objetivo de promover la transparencia y combatir el clientelismo político. La iniciativa cuenta con el respaldo del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero ha enfrentado la oposición del Partido Nacional, que argumenta que la ley vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales consagrada en la Constitución.
Esta resistencia del Partido Nacional a establecer mecanismos transparentes de ingreso a la función pública evidencia una clara intención de mantener el statu quo, donde los cargos se reparten entre amigos y correligionarios, perpetuando una lógica de premios políticos y favores personales.
La urgencia de un cambio estructural
El caso de Sempert no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que socava la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la desigualdad de oportunidades. Es imperativo que se implementen mecanismos transparentes y equitativos de ingreso a la función pública, basados en el mérito y la capacidad, y no en la cercanía política o la lealtad partidaria.
Desde La Verdad Es Revolución, denunciamos estas prácticas y exigimos un cambio estructural que ponga fin al clientelismo y promueva una administración pública al servicio de toda la ciudadanía, no de unos pocos privilegiados.
