Tacuarembó: entre la arbitrariedad institucional y la ilegalidad flagrante
La Junta Departamental de Tacuarembó cerró su legislatura 2020-2025 dejando una huella lamentable: una sesión extraordinaria solemne interrumpida intempestivamente para pedir… un cuarto intermedio de una futura sesión. Como si esto no bastara para ilustrar el nivel de desconexión institucional, entre gallos y medianoche se convocó una sesión ordinaria en medio del proceso de instalación de la nueva legislatura, con el único fin de aprobar ascensos de funcionarios e ingresos por fuera de concurso, vulnerando principios básicos de legalidad, equidad y transparencia.
Pero lo peor estaba por venir.
Una instalación ilegal: el presidente ad hoc en infracción
El pasado 2 de julio de 2025 se realizó la sesión preparatoria para instalar la nueva Junta Departamental. Allí, quien presidió la sesión como edil fue Gustavo Martínez, actual Director General de Desarrollo de la Intendencia. Así lo demuestra la publicación en la página de la intendencia de Tacuarembó el día 6 de julio (LINK) y en el propio perfil de Facebook del Dr. Martínez (LINK). Este hecho, lejos de ser anecdótico, constituye una violación directa del marco legal vigente. No estamos frente a un error formal, sino a una incompatibilidad legal que pone en duda la validez de toda la sesión.
La Ley Nº 9.515, en su artículo 9, es categórica:
“No podrán ser Ediles… los dependientes de las autoridades departamentales.”
Un Director General de la Intendencia no solo es un «dependiente», sino uno de los principales jerarcas nombrados directamente por el Intendente. La Ley Nº 15.775, de carácter interpretativo, reafirma esta incompatibilidad, y lo más grave: la consecuencia de inobservar esta disposición es la pérdida inmediata del cargo.
Por tanto, Gustavo Martínez no podía ejercer como Edil, y mucho menos presidir una sesión clave como la preparatoria, cuya finalidad es examinar, precisamente, las incompatibilidades de los electos. Que él haya presidido esa instancia invalida moral y jurídicamente la actuación de la Junta desde su origen.
¿Qué son las sesiones preparatorias y por qué importan?
Las sesiones preparatorias no son meras formalidades. Son el acto fundacional de la nueva legislatura. En ellas se tratan renuncias, opciones e impedimentos. Se designa un presidente provisorio que dirige la instalación de las comisiones encargadas de examinar —entre otras cosas— las incompatibilidades.
Es decir, el propio procedimiento de control institucional fue presidido por alguien que debía estar siendo examinado por ese mismo procedimiento.
Además, las sesiones preparatorias no deben confundirse ni superponerse con las sesiones ordinarias de la legislatura saliente. El Reglamento Interno de la Junta Departamental establece que las sesiones preparatorias de la nueva legislatura deben realizarse luego de la proclamación de los nuevos Ediles y hasta 8 días antes del inicio formal del nuevo período ordinario.
La extraña maniobra de convocar una sesión ordinaria en el período intermedio entre la vieja y la nueva legislatura —para aprobar decisiones administrativas sensibles— es, como mínimo, una anomalía política. Y como máximo, una operación antidemocrática que compromete la legalidad de lo actuado.
Una señal de alarma para la democracia local
No estamos ante un tecnicismo. Estamos ante una cadena de decisiones que violan la letra y el espíritu de las normas que rigen nuestro sistema institucional. Que se instale una nueva Junta Departamental bajo la presidencia de alguien que no puede ser Edil según la ley, y que se aprueben medidas administrativas de fondo cuando esa misma legislatura ya debía haber cesado, muestra el deterioro ético e institucional en el gobierno departamental de Tacuarembó.
Lo que se vivió entre junio y julio de 2025 no es una anécdota ni una irregularidad menor. Es una muestra cabal de cómo el poder político, cuando no encuentra frenos ni contrapesos, se permite todo: desde el acomodo sin concurso hasta la flagrante violación de normas democráticas básicas.
Lo mínimo que se impone ahora es la revisión legal de lo actuado en la sesión preparatoria, la impugnación de la última sesión ordinaria, y la denuncia pública de este atropello.
Porque no puede haber democracia donde se inaugura una legislatura pisoteando la ley.
Mauricio Brianthe.-
