Transcribimos nota elaborada por el Dr. Juan Pablo Viera en el semanario Tacuarembó Ahora en la edición del pasado 19 de marzo del 2021.
Además les damos el acceso al Episodio del podcast Contrato Popular en donde Edgardo Rodríguez y Mauricio Brianthe entrevistan a Juan Pablo Viera. Una entrevista muy jugosa y reveladora sobre la situación actual de una partida por $28.000,00 por mes, a cada edil de la Junta Departamental de Tacuarembó.
Lo siguiente es la transcripción de la nota publicada:
El pasado 12 de marzo la Junta Departamental de Tacuarembó (JDT) aprobó, por mayoría, de forma definitiva el presupuesto quinquenal 2021-2025 de la misma. Dicho presupuesto tiene muchas aristas para analizar, pero nos vamos a detener en un punto; específicamente el que reglamenta una partida de 28000 pesos a cada banca.
La historia comenzó cuando en la sesión del 10 de diciembre por unanimidad de ediles presentes se aprobaba dicho presupuesto, este fue elevado al del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
El TCR es quien examina el proyecto de presupuesto aprobado, controla el cumplimiento en relación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Luego de esto elabora un informe con su dictamen correspondiente y posterior devolución a la JDT.
Dicho informe elaborado el 24 de febrero del 2021 (RES.377/2021) fue recibido en la JDT el 11 de marzo 2021 dándosele pase a la comisión de finanzas de dicho organismo.
En el punto 3 del mencionado informe (cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias) se establece en el punto 3.2 que “el artículo 13 del presupuesto proyectado, al no ajustarse a lo establecido en la Resolución del TCR de fecha 22/12/2010, se considera que vulnera lo establecido en el Articulo 295 de la Constitución”.
¿Qué dice el articulo 13 del presupuesto? Crease una partida de $ 28.000 por cada banca, por concepto de reintegro de gastos de combustible, alojamiento y comida, incurrido por los ediles, en el ejercicio de su función, reajustable anualmente por IPC. Para generar derecho a la partida, los ediles deberán cumplir con el requisito de una asistencia mínima del 50% de las sesiones plenarias, y/o comisiones asesoras.
Además, deroga el régimen anterior establecido en las resoluciones 9/2006 y 10/2006.
El artículo 295 establece que los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios.
¿Que aprobaron los ediles en la sesión del 12 de marzo en su articulo primero? No aceptar la observación del TCR al proyecto de presupuesto quinquenal de la JDT, para el período 2021-2025, según lo expresado en el párrafo 3.2 del dictamen.
En mi opinión se parece mucho a una remuneración o sueldo, que a un reintegro de gastos. Porque el reintegro de gastos, como estipulaba la reglamentación anterior que derogaron, supone justamente eso, devolverle a el edil el dinero gastado en el cumplimiento de su función con un comprobante de dicho gasto, llámese boleta, pasaje, etc. Para esto además existía una comisión de gastos que controlaba los comprobantes y estos eran enviados, previa revisión del Cr. de la JDT, al plenario para su aprobación.
Con la nueva normativa aprobada, no es necesario presentar ningún comprobante del gasto, que efectivamente compruebe que ese viatico fue utilizado en el desempeño de funciones como edil en combustible, comida o pasajes. Tan solo con la asistencia al 50 % de las sesiones se hace de una partida de 16 mil pesos para el edil titular, y de 12 mil para distribuir entre los suplentes. Además, establece a solicitud de los ediles titulares y suplentes, mediante nota firmada a la mesa, el pago de dicha partida podrá efectivizarse a través de los secretarios de cada bancada. No es necesario siquiera pasar por tesorería de la JDT. ¿Qué les parece?
Con el anterior régimen el edil contaba con un viatico de 16 000 pesos mensuales que podía utilizar, siempre presentando comprobantes, y que en muchas ocasiones no eran gastados en su totalidad, con lo cual este dinero volvía a las arcas de la JDT y este era variable. Esto no solamente no es más así, sino que se aumentó la partida en 12 mil pesos por banca y pasando a ser un gasto fijo por mes y que nada tienen que ver con la austeridad que profesan desde el gobierno departamental. A mi entender esta es una muy mala señal del sistema político tacuaremboense en momentos donde hay mucha gente pasándola mal.
Otro punto interesante desde el punto de vista reglamentario, es que los ediles suplentes solamente son ediles en funciones cuando están sentados en la banca en el plenario de la JDT. ¿Cómo puede percibir una partida por desempeñar funciones de edil cuando reglamentariamente realiza funciones cuando está sentado en la banca?
A raíz de esto, el Dr. Cley Espinosa decidió impulsar una iniciativa para presentar un recurso de apelación contra el articulo 13 del decreto recientemente aprobado en la JDT. Para esto según el artículo 303 de la constitución, si un decreto de una Junta Departamental viola las leyes o viola la constitución, es susceptible de ser impugnado por un mecanismo de democracia directa, consistente en que mil ciudadanos o más del departamento planteen un recurso de apelación ante la cámara de representantes. Para esto la Constitución prevé un plazo de 15 días hábiles una vez que ha sido promulgada la norma. Este plazo comenzó a correr a partir del 12 de marzo.
Al igual que lo expresara el Dr. Cley Espinosa en una nota brindada a este semanario, tenia la esperanza que una vez conocido el informe del TCR la JDT reconsiderara el tema y no fuera necesario efectivizar este recurso. Pero esto no sucedió, por lo que voy a firmar para que lleve adelante este recurso de apelación e invito a todos los ciudadanos que lo hagan.
Por último, creo que la tarea del edil es sumamente importante y para que sea desempeñada de la mejor forma debería ser tiempo completo y remunerada. Además, considero que 31 ediles es un exceso, que deberían ser menos, dependiendo de la población de cada departamento, pero para esto debería existir una reforma constitucional.
Creo en la política como la única herramienta capaz de transformar la realidad de nuestra ciudadanía, y acciones como estas de no dar lugar a las observaciones del TCR que expresa que no se respeta la constitución de la Republica, de quienes justamente tienen la tarea de controlar y legislar, le hace mucho daño al sistema y lleva a reforzar el descreimiento en la política.
