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  • Una legislatura que terminó mal… y otra que empezó peor

    Una legislatura que terminó mal… y otra que empezó peor

    Tacuarembó: entre la arbitrariedad institucional y la ilegalidad flagrante

    La Junta Departamental de Tacuarembó cerró su legislatura 2020-2025 dejando una huella lamentable: una sesión extraordinaria solemne interrumpida intempestivamente para pedir… un cuarto intermedio de una futura sesión. Como si esto no bastara para ilustrar el nivel de desconexión institucional, entre gallos y medianoche se convocó una sesión ordinaria en medio del proceso de instalación de la nueva legislatura, con el único fin de aprobar ascensos de funcionarios e ingresos por fuera de concurso, vulnerando principios básicos de legalidad, equidad y transparencia.

    Pero lo peor estaba por venir.

    Una instalación ilegal: el presidente ad hoc en infracción

    El pasado 2 de julio de 2025 se realizó la sesión preparatoria para instalar la nueva Junta Departamental. Allí, quien presidió la sesión como edil fue Gustavo Martínez, actual Director General de Desarrollo de la Intendencia. Así lo demuestra la publicación en la página de la intendencia de Tacuarembó el día 6 de julio (LINK) y en el propio perfil de Facebook del Dr. Martínez (LINK). Este hecho, lejos de ser anecdótico, constituye una violación directa del marco legal vigente. No estamos frente a un error formal, sino a una incompatibilidad legal que pone en duda la validez de toda la sesión.

    La Ley Nº 9.515, en su artículo 9, es categórica:

    “No podrán ser Ediles… los dependientes de las autoridades departamentales.”

    Un Director General de la Intendencia no solo es un «dependiente», sino uno de los principales jerarcas nombrados directamente por el Intendente. La Ley Nº 15.775, de carácter interpretativo, reafirma esta incompatibilidad, y lo más grave: la consecuencia de inobservar esta disposición es la pérdida inmediata del cargo.

    Por tanto, Gustavo Martínez no podía ejercer como Edil, y mucho menos presidir una sesión clave como la preparatoria, cuya finalidad es examinar, precisamente, las incompatibilidades de los electos. Que él haya presidido esa instancia invalida moral y jurídicamente la actuación de la Junta desde su origen.

    ¿Qué son las sesiones preparatorias y por qué importan?

    Las sesiones preparatorias no son meras formalidades. Son el acto fundacional de la nueva legislatura. En ellas se tratan renuncias, opciones e impedimentos. Se designa un presidente provisorio que dirige la instalación de las comisiones encargadas de examinar —entre otras cosas— las incompatibilidades.

    Es decir, el propio procedimiento de control institucional fue presidido por alguien que debía estar siendo examinado por ese mismo procedimiento.

    Además, las sesiones preparatorias no deben confundirse ni superponerse con las sesiones ordinarias de la legislatura saliente. El Reglamento Interno de la Junta Departamental establece que las sesiones preparatorias de la nueva legislatura deben realizarse luego de la proclamación de los nuevos Ediles y hasta 8 días antes del inicio formal del nuevo período ordinario.

    La extraña maniobra de convocar una sesión ordinaria en el período intermedio entre la vieja y la nueva legislatura —para aprobar decisiones administrativas sensibles— es, como mínimo, una anomalía política. Y como máximo, una operación antidemocrática que compromete la legalidad de lo actuado.

    Una señal de alarma para la democracia local

    No estamos ante un tecnicismo. Estamos ante una cadena de decisiones que violan la letra y el espíritu de las normas que rigen nuestro sistema institucional. Que se instale una nueva Junta Departamental bajo la presidencia de alguien que no puede ser Edil según la ley, y que se aprueben medidas administrativas de fondo cuando esa misma legislatura ya debía haber cesado, muestra el deterioro ético e institucional en el gobierno departamental de Tacuarembó.

    Lo que se vivió entre junio y julio de 2025 no es una anécdota ni una irregularidad menor. Es una muestra cabal de cómo el poder político, cuando no encuentra frenos ni contrapesos, se permite todo: desde el acomodo sin concurso hasta la flagrante violación de normas democráticas básicas.

    Lo mínimo que se impone ahora es la revisión legal de lo actuado en la sesión preparatoria, la impugnación de la última sesión ordinaria, y la denuncia pública de este atropello.

    Porque no puede haber democracia donde se inaugura una legislatura pisoteando la ley.

    Mauricio Brianthe.-

  • Designación directa en la Intendencia de Tacuarembó: ¿Premio político o atropello institucional?

    Designación directa en la Intendencia de Tacuarembó: ¿Premio político o atropello institucional?

    En un nuevo episodio que evidencia las prácticas clientelistas y la falta de transparencia en la administración pública, el exedil nacionalista Fabricio Sempert renunció a su banca en la Junta Departamental de Tacuarembó el 7 de marzo de 2024 y, apenas 15 días después, fue designado directamente como funcionario en la Intendencia de Tacuarembó. Teniendo actualmente la categoría de Sub Capataz Gral. con un contrato permanente en la función pública.

    Este nombramiento, realizado sin concurso público ni proceso transparente, se suma a una larga lista de designaciones directas que han caracterizado la gestión del Partido Nacional en el departamento. Según informes anteriores, hasta un 98% de los ingresos de personal en la Intendencia de Tacuarembó se han realizado por designación directa, lo que ha sido objeto de denuncias por parte de la oposición y de organismos de control.

    El contexto nacional: resistencia a la transparencia

    Mientras tanto, en el Parlamento uruguayo se discute un proyecto de ley que busca regular el ingreso de funcionarios a las intendencias mediante concursos públicos y abiertos, con el objetivo de promover la transparencia y combatir el clientelismo político. La iniciativa cuenta con el respaldo del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero ha enfrentado la oposición del Partido Nacional, que argumenta que la ley vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales consagrada en la Constitución.

    Esta resistencia del Partido Nacional a establecer mecanismos transparentes de ingreso a la función pública evidencia una clara intención de mantener el statu quo, donde los cargos se reparten entre amigos y correligionarios, perpetuando una lógica de premios políticos y favores personales.

    La urgencia de un cambio estructural

    El caso de Sempert no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que socava la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la desigualdad de oportunidades. Es imperativo que se implementen mecanismos transparentes y equitativos de ingreso a la función pública, basados en el mérito y la capacidad, y no en la cercanía política o la lealtad partidaria.

    Desde La Verdad Es Revolución, denunciamos estas prácticas y exigimos un cambio estructural que ponga fin al clientelismo y promueva una administración pública al servicio de toda la ciudadanía, no de unos pocos privilegiados.

  • Escándalo por irregularidades financieras en cooperativa vinculada al Partido Colorado

    Escándalo por irregularidades financieras en cooperativa vinculada al Partido Colorado

    Crisis en Tacuarembó: Escándalo por irregularidades financieras en cooperativa vinculada al Partido Colorado.

    A menos de dos meses de las elecciones internas, el panorama político en Tacuarembó se ve sacudido por un escándalo de corrupción que ha llevado a la expulsión de un destacado dirigente de la lista 2215 del Partido Colorado. Las sospechas de irregularidades financieras en la cooperativa social Batoví, contratada por OSE, han generado una ola de controversia que pone en entredicho la integridad de algunos actores políticos locales.

    El dirigente Santiago Díaz Viana, figura destacada en la carrera a diputado y conocido por su apoyo a Andrés Ojeda, ha sido desvinculado de la lista colorada debido a las graves sospechas que recaen sobre su gestión en Batoví. Esta cooperativa, fundada en 2022 y contratada por OSE para diversas labores, ha sido el epicentro de las acusaciones de malversación de fondos y prácticas financieras cuestionables.

    Según revela el pedido de acceso a la información pública, de Edgardo Rodríguez, del Frente Amplio de Tacuarembó, las cifras proporcionadas por OSE evidencian un patrón preocupante de contratación, donde se destaca el caso de Díaz Viana. Este dirigente, previamente ligado al despacho de la vicepresidenta de OSE, fue beneficiario de jugosos contratos por parte de empresas suministradoras de mano de obra para la entidad estatal.

    Paralelamente, la creación de Batoví por parte de dirigentes de la lista 2215 ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y favoritismos políticos. A pesar de la renovación de su contrato con OSE por una suma considerable, la cooperativa ha sido objeto de escrutinio debido a irregularidades en los pagos al Banco de Previsión Social y salarios no abonados a sus empleados.

    La situación en Batoví ha alcanzado niveles críticos, con la suspensión de pagos por parte de OSE y la intervención del Ministerio de Desarrollo Social para una auditoría exhaustiva. Mientras tanto, la salida de Santiago Díaz de la lista 2215 ha dejado un vacío político en el Partido Colorado local, evidenciando la fragilidad de las estructuras partidarias frente a casos de corrupción y mala praxis.

    Este caso subraya la importancia de una gestión transparente y responsable en la administración de recursos públicos, así como la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre las prácticas políticas a nivel local. La ciudadanía de Tacuarembó merece respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes para restaurar la confianza en el sistema político y garantizar la integridad de las instituciones democráticas.

    Fuente: El Observador

  • Edgardo Rodríguez Contrapone Realidad y Optimismo

    Edgardo Rodríguez Contrapone Realidad y Optimismo

    Desmitificando el Empleo en Tacuarembó

    Edgardo Rodríguez presenta su perspectiva crítica respecto a las afirmaciones optimistas del ministro Mieres acerca del panorama laboral en Tacuarembó. Enfatiza la disparidad entre las declaraciones oficiales y la realidad que observa, proponiendo soluciones concretas para abordar esta brecha.

    Rodríguez destaca la necesidad apremiante de crear más oportunidades laborales, especialmente dirigidas a mujeres y jóvenes, quienes enfrentan mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral. Además, resalta la importancia de promover la formalización laboral y ofrecer un respaldo más sólido a aquellos que se encuentran desempleados.

    El exdiputado por el Frente Amplio en Tacuarembó, considera imperativo que tanto las autoridades locales como nacionales colaboren estrechamente para implementar políticas efectivas que estimulen el desarrollo económico y la generación de empleo en Tacuarembó. Su llamado es a la acción conjunta para construir un futuro laboral más próspero en la región.

  • La seguridad en Tacuarembó, ha empeorado.

    La seguridad en Tacuarembó, ha empeorado.

    Más allá de que el Jefe de Policía de Tacuarembó, John Saravia, dice que la seguridad ha mejorado e intenta un mensaje tranquilizador, los números no lo ayudan.

    A más de 3 años de gestión del actual gobierno y a 3 años de aprobada la famosa LUC, los hurtos y las rapiñas no han disminuido, más bien se podría decir lo contrario.

    Veamos:

    AñoRapiñasHurtos
    2018421807
    2019361889
    2020361190
    2021261174
    2022441888

    Una primera lectura permitiría concluir que no ha habido mayores cambios en cuanto a los hurtos y rapiñas que padecemos en nuestro departamento. Pero, de ninguna manera se puede deducir a partir de estos datos que; «estamos mejor».

    Por el contrario, las rapiñas aumentaron un 69% comparando el 2021 con el 2022 y aumentaron un 22% si las comparamos con las que se produjeron en 2019, último año del Frente en el gobierno.

    Los hurtos siguen en el mismo nivel de años anteriores.

    Queda claro que la seguridad es un tema mucho más complejo que los eslóganes de la campaña electoral. Queda claro que la LUC no ha tenido ningún impacto positivo para la seguridad ciudadana y también que aquello de que «se terminó el recreo», o aquella otra de «que hay orden de no aflojar», eran frases para dar «manija».

    Habrá que encarar los temas de seguridad con mucha más amplitud, sabiendo que ningún partido tiene recetas mágicas y que la Policía hace lo que puede, pero el delito no es sólo una cuestión policial.

  • LIBER!!

    LIBER!!

    LÍBER RODRÍGUEZ VIQUE, Compañero!!

    Ficha Complementaria (como decían los represores)

    A 50 años del golpe de Estado, a 50 años de la instalación formal de la sangrienta dictadura cívico militar, han aparecido estos días, muchas copias de documentos de la dictadura, archivos publicados en un sitio de Internet (sin necesidad de la propagandeada «transparencia » del superior gobierno), que estaban sucucheados en los cuarteles y que ahora cualquier ciudadano los puede leer.

    La publicación de esos archivos nos está permitiendo conocer historias.

    Los grandes hechos políticos, los dirigentes de más fama, tienen cobertura abundante en prensa, libros, documentales, se les escriben biografías.

    Pero de los militantes de abajo, de los que bancan la causa en el territorio, sobre todo cuando ese territorio es el interior, poco o nada sabemos.

    Veamos que decían los policías y militares que espiaban, controlaban, al compañero militante Líber Rodríguez, cuyo «delito» consistió en pensar y actuar como frenteamplista.


    Un previo: Artículo 22 de la Constitución: … Quedan «ABOLIDAS LAS PESQUISAS SECRETAS.»

    A pesar de lo que, claramente, dice el artículo 22 de nuestra Constitución, ya en el año 1965, Líber era espiado, se le practicaban «pesquisas secretas». Y en ese año había un gobierno «democrático» -un Consejo Nacional de Gobierno encabezado por Washington Beltrán-, cuyas fuerzas represivas actuaban violando la Constitución.


    Líber Rodríguez Vique

    1965

    Líber Rodríguez Vique, sindicado como de ideología política comunista. Profesión: empleado en el Juzgado de San Gregorio. 31 años.
    El reseñado, es cabeza en su respectiva repartición en lo relacionado a propaganda y actividad, estando catalogado como uno de los principales activadores, concurre a reuniones que realizan dirigentes y «adictos » en el domicilio del Sr. Pochelu y del Sr. Arrascaeta Colman, ambos sindicados como comunistas.

    Eso, textual, era lo que informaba, seguramente la policía, acerca de quién era y que hacía, Líber. A más de 50 años nos puede parecer casi que insólito que a alguien se los esté fichando por ser «comunista » o porque se reúne con tal o cual. Pero en aquel momento las fuerzas del poder veían en el comunismo y en el Frente Amplio al enemigo principal. Y eso las justificaba para mandar la Constitución al diablo y dedicarse a perseguir a quienes consideraban tipos peligrosos.

    1974

    Ya aquí en plena dictadura

    Se informa que Líber había sido «detenido, en 1973, en Paso de los Toros, siendo Liberado días después se le registra como ideología de izquierdista. En el año 1972 fue detenido por su
    presunta vinculación con el MLN. En el año 1973, cuando la disolución de los Partidos Políticos estuvo detenido en esta Unidad, por ser el principal dirigente del FA en San Gregorio y el Comité había permanecido abierto luego de haberse decretado el cierre.»
    Líber Rodríguez Vique

    1976

    Véase que se arrogaban el «derecho» de evaluar a cada ciudadano en categorías A, B, C. Líber B-2.

    «Se dice que Líber está en un listado de funcionarios del Poder Judicial del Departamento de Tacuarembó (San Gregorio), catalogado como izquierdista y Frente Amplista.
    Evaluación B-2 «

    1977

    Líber, que también era profesor de Matemáticas en el Liceo fue destituido por el CONAE (lo que sería hoy ANEP). No se detallan motivos. No se precisa mucha perspicacia para darse cuenta por donde venía la mano.

    Julio 1978

    Obsérvese que rastrillaban todo: ¡¡en el año 78 informaban que había sido delegado del FA, en un circuito en el año 73!!

    Un «Radiograma» de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, remitido al Poder Judicial, informa que: «actuó como delegado de las listas del Frente Amplio Nros. 1490-4190, 988-9988, 1808-808, 190- 90, 1001-2001, en el circuito N 6 de la serie TDE (San Gregorio) en las elecciones de 1971) Evaluación: B2»
    Líber Rodríguez Vique

    1978

    …El «causante» se encuentra a estudio por parte del Poder Judicial para ser pasado a situación de disponibilidad, motivando su causa: » Actividades Antinacionales».

    Líber se encuentra «a estudio» (diríamos ahora: lo están «cocinando») para pasarlo a disponibilidad en su laburo en el Juzgado, o sea, se plantea dejarlo sin trabajo, a disponibilidad, le decían.

    En esos mismos meses, sin mucho trámite, lo pasan a situación de disponibilidad. La explicación de las Fuerzas Conjuntas: «en Aplicación del Acta Institucional N7»

    La llamada Acta N 7 refería a que el Gobierno Militar podía pasar a disponibilidad a los funcionarios públicos que quisiera. No hubo «inamovilidad» del funcionario público como hay hoy. Por supuesto que no existía el derecho a defensa por parte del funcionario. Bastaba con que se considerase «izquierdista» o contrario a «la Nación» o que descubrieran que había sido delegado del FA en un circuito de votación. El llamado «pase a disponibilidad» era el paso previo a la destitución lisa y llana.

    1983

    «en la fecha (25.5.84) se establece que en la Panadería de su propiedad se han recolectado firmas para plebiscitar los Actos Institucionales.»

    Hasta aquí hemos transcrito, casi que textual, los informes y acciones que hacían, de manera ilegal e inconstitucional, policías y militares, en la dictadura, y antes de ella, respecto a la persona de Líber.

    Durante 20 años, por lo menos, violentaron los derechos del compañero. Violaron su Libertad física, deteniéndolo. Su derecho al trabajo, destituyéndolo. Pretendieron violentar su Libertad de conciencia, al perseguirlo por sus ideas.

    El delito de Líber consistía, para las fuerzas represivas, en que era de izquierda y que pretendía organizar al Frente en su pequeño pueblo. Esos eran los terribles delitos que cometía. No estamos hablando de alguien que andaba armado, pretendiendo colocar una bomba en un cuartel.

    Evidentemente que tenían funcionarios (miles y miles, pagados por todos nosotros), que se dedicaban al control de los ciudadanos, pero no faltaban los «informantes» civiles, que se prestaban, chorreando la baba, a colaborar con el fascismo.

    Quisimos escribir estas letras, quizá un poco largas para lo que se estila hoy, como un humilde reconocimiento al compañero Líber Rodríguez y a tantísimos compañeros y compañeras, anónimos que en tiempos muy, muy, difíciles, contra viento y marea, mantuvieron sus ideas, levantaron la bandera y no dejaron de luchar por un cambio social aun cuando éste se veía muy lejano en los tiempos.

    Y, con la secreta esperanza, de que los jóvenes o de que alguna gente que no vivió aquellos tiempos, o que, como nosotros, que los vivimos, pero como niños y adolescentes recién fuimos tomando dimensión de lo que era la dictadura ya en su tramo final, veamos en Líber un ejemplo de lucha por un ideal.

    Las luchas por las ideas del hoy, las que abrazan los jóvenes, quizá tengan matices con las luchas e ideas de un Líber joven. Pero lo que podemos tomar hoy, sin duda, como inspiración y referencia, es el coraje que tuvo Líber para, a pesar del hostigamiento y la persecución, no doblegarse y mantener una coherencia.

    La dictadura terminó en Uruguay.

    Los pensamientos fascistas no tanto.

    ¡¡Las ideas de Líber, más vigentes que nunca!!

    Líber Rodríguez Vique