El jueves de la semana pasada fue la última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó. Entre otros temas del orden del día estaba en discusión la Rendición de Cuentas 2016 de la propia Junta Departamental. Desde la comisión de Finanzas y Presupuestos llega al plenario con dos informes o anteproyectos de resolución. Un anteproyecto en mayoría (5 votos), que básicamente aprueba la rendición y otro en minoría (3 votos) que desaprueba la rendición de cuentas. No es común en la Junta Departamental de Tacuarembó que los expedientes tratados en las respectivas comisiones asesoras, vengan con un informe en mayoría y otro en minoría. Este año fueron dos expedientes con esa característica y casualmente fueron las rendiciones de cuentas de la Junta Departamental de Tacuarembó del 2015 y 2016. En su mayoría, las resoluciones y decretos son votados por unanimidad en el plenario. En este año fueron más de 130 votaciones.
En una discusión normal de un proyecto, dentro del plenario, el miembro informante de la comisión hace uso de la palabra y pone en contexto el expediente. Luego pueden hacer uso de la palabra los miembros de la comisión que están en desacuerdo y luego cualquier edil que lo solicite. En esta ocasión, cuando el presidente pone a discusión el tema y nadie pide la palabra, los ediles del Frente Amplio solicitan la palabra para evitar el pasaje a la votación y que se termine el debate. Se exponen las razones para votar el informe llegado en minoría. Las cuales más adelante en la nota se desarrollan. Luego de hablar tres ediles del FA, pide la palabra un edil del Partido Nacional, el cual se dedica a descalificar al Frente Amplio y no se centra en la discusión. Inmediatamente, otro edil nacionalista, casualmente el miembro informante (el que tendría que haber iniciado el debate), utiliza un recurso establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Junta Departamental de Tacuarembó. El cual establece que: “en cualquier momento del debate, siempre que hayan hablado dos oradores, uno en pro y otro en contra” a solicitud de cualquier edil, el Presidente someterá a votación si se da el punto por suficientemente discutido. En ese momento se da por suficientemente discutido el tema y corresponde agotar la lista de oradores, en la que tenía dos ediles del FA. Pero allí no termina el tratamiento del tema porque el edil informante pide la palabra y el reglamento lo asiste en el artículo 45. Puede hablar en primer lugar y en último término. Como parte de una estrategia del Partido Nacional, el edil informante recién a esta altura esboza algunos argumentos a favor del informe en mayoría, evitando el debate porque reglamentariamente no se puede pedir la palabra. Pasando a la votación que aprobó el informe en mayoría con 20 votos afirmativos. Incluidos los votos del Partido Colorado que no participa de la Comisión de Finanzas y Presupuestos. Con el uso de otro recurso previsto en el reglamento, luego de la votación, un edil más del Partido Nacional pide fundamentar su voto. Donde no se puede hacer aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores por el artículo 67 del reglamento, cosa que no se cumplió y se hicieron consideraciones que merecían un debate.
Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas de la República es una entidad fiscalizadora superior, sus competencias están establecidas desde el artículo 208 al 232 de la Constitución de la República. Tiene autonomía técnica, orgánica y funcional. Ejerce el contralor de la Hacienda Pública en cumplimiento de la Constitución y las Leyes de la República. En este caso concreto el Tribunal por intermedio de su División de Auditoría tiene como cometido la elaboración de un dictamen sobre la rendición de cuentas y el Cuerpo de Ministros emite una Resolución.
En el dictamen, el TCR pronuncia una opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que fueron objeto de examen. El TCR considera que “no se ha dado cumplimiento a las siguientes normas:”, aquí comienza a detallar cada una de las normas incumplidas y una breve descripción del incumplimiento. Hemos constatado que hay normas que se vienen incumpliendo sistemáticamente en por lo menos los últimos 5 años. En el cuadro adjunto se pueden apreciar.
Análisis de la opinión del Tribunal de Cuentas.
La mesa de la Junta departamental, más concretamente el Presidente de turno y el Secretario General, vienen diciendo en la comisión de Finanzas y Presupuestos que se está en procura de solucionar los incumplimientos. Situación que como vemos en el cuadro, no es real. También en las resoluciones votadas en el plenario hay un “considerando” que se venía repitiendo y dice: “que la mayoría de las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas de la República, refieren a aspectos formales, algunos ya subsanados por la Mesa.” En su mayoría no son aspectos de forma, son incumplimientos a normas legales y no se han subsanado. En esta ocasión la resolución aprobada por el plenario, el considerando referido a este tema quedó redactado de la siguiente forma: “que si bien el Tribunal de Cuentas viene reiterando en años anteriores las diferentes observaciones, el Legislativo va camino a cumplir con las normativas referidas.” Nótese que dice “Legislativo” y se deja de lado la Mesa. Fue el Frente Amplio el único que presentó una propuesta legislativa para dar cumplimiento a las normas.
Dentro de los incumplimientos hay dos nuevas observaciones del TCR que no son nuevas porque son prácticas habituales de los sucesivos Presidentes. El incumplimiento del Artículo 33 del TOCAF donde se establecen montos máximos para determinados tipos de compras o contrataciones y se pide que se ajusten a los principios generales de la contratación administrativa. Además, cita el incumplimiento del artículo 19 de la Ley 9515. Artículo donde se enumeran las competencias de la Junta Departamental. En el informe, muy sutilmente, dice que no se pueden hacer “colaboraciones” por medio de contratación de amplificaciones y de vales de combustible a vehículos con chapas particulares. En el año 2016 la junta gastó en “arrendamientos de equipos y aparatos de audio y comunicación”; $ 1.360.000,00. Si consideramos que la Junta tiene un receso de dos meses. Gasta en diez meses unos $ 4.500,00 por día.
Otra parte del dictamen del TCR, es el “Informe a la Administración”. Como consecuencia del examen practicado se incluyen constataciones, debilidades y recomendaciones. Donde se repiten por ejemplo las recomendaciones del ejercicio anterior no cumplidas.
Pero hay un aspecto a destacar. En el “Informe a la Administración” se hace un análisis de situación en materia de fondos de la Junta Departamental con relación a la Intendencia al 31 de diciembre del 2016. Se analiza la disponibilidad de dinero y se le descuenta las obligaciones presupuestales impagas y los indisponibles. Este resultado es negativo en $ 91.458,00. Esto quiere decir que la Junta tiene un déficit en materia de fondos. Gastó más de lo que tenía disponible, contraviniendo los artículos 15 y 102 del TOCAF. El contador delegado debió observar los gastos que no cumplan con la norma mencionada.
Analizando Rendiciones anteriores el resultado del año 2016 es notoriamente el déficit más bajo de los últimos años. Se podría razonar que se va mejorando la gestión de los fondos públicos. En el 2015 el déficit fue de $1.608.867; en el 2014 el déficit fue de $ 4.166.958; en el 2013 el déficit fue de $ 4.864.507; y en el 2012 el déficit fue de $ 1.760.380. Un grave error que se viene cometiendo es considerar que este saldo es a favor de la Junta Departamental y ponerlo como un aspecto positivo en la gestión presupuestal. Es todo lo contrario.
La bancada frenteamplista propone.
Desde la bancada del Frente Amplio se quiere defender la Institución promoviendo la transparencia y el cuidado del patrimonio. La Junta Departamental gasta en algunos rubros muy por encima de lo que tiene asignado. La bancada del Frente Amplio propuso en la rendición anterior y en esta, disposiciones que intentan hacer más transparente la gestión de la Junta. No se está en contra de las colaboraciones pero es necesaria una justificación para realizarla y que ella tenga la legitimidad aprobada por el legislativo. Por tal motivo el anteproyecto en minoría presentaba el siguiente articulado:
“1ro.- Desaprobar la Rendición de Cuentas del año 2016, de la Junta Departamental de Tacuarembó.
2do.- Aceptar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de la República.
3ro.- Las órdenes de compras, pagos y facturas realizadas por cuenta y orden de la Junta Departamental de Tacuarembó, estarán a la vista y a disposición de la Comisión de Finanzas y Presupuesto durante 10 días hábiles después del cierre del mes.
4to.- Los pagos que realice la Junta Departamental por concepto de combustible, pasajes u otros bienes o servicios, a personas que no sean ediles, deberán estar plenamente justificados mediante documento o declaración jurada que se anexará a la orden de compra y factura.
5to.- Las contrataciones de servicios de toda índole, celebradas por la Junta Departamental de Tacuarembó, deben tener contrato escrito. Dicho contrato debe especificar vigencia del mismo, montos y obligaciones.
6to.- Aquellos contratos, productos o servicios cuyos montos impliquen un gasto anual superior al tope de compra directa, deberá hacerse un llamado público de acuerdo con el artículo 33 y siguientes del TOCAF, en aplicación de lo establecido en el artículo 149 del mismo texto.
7mo.- Comuníquese en forma inmediata a todos sus efectos, al Tribunal de Cuentas de la República e Intendencia Departamental de Tacuarembó.-“
Finalmente, el articulado aprobado en mayoría, con votos del Partido Nacional y Partido Colorado fue el siguiente:
“1ro.- Aprobar la Rendición de Cuentas del año 2016, de la Junta Departamental de Tacuarembó.
2do.- Aceptar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de la República.
3ro.- Comuníquese en forma inmediata a todos sus efectos, al Tribunal de Cuentas de la República e Intendencia Departamental de Tacuarembó.-“
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