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Muchos fueron los mensajes a través de las redes sociales convocando para la manifestación del sector agropecuario del 23 de enero en Durazno.
Uno de esos mensajes viralizados a través de WhatsApp describía una lista de instituciones, gremiales, cámaras empresariales (entre otros), y al final de esta lista decía: HAY UN MODELO DE PAÍS EN JUEGO. ESTAMOS CON EL CAMPO, PORQUE URUGUAY ES CAMPO.
Otro de los mensajes que circularon por esos días culminaba así: Este es, fue y será el movimiento más importante en la historia del Uruguay, contra las políticas económicas del Gobierno. A los trabajadores invitarlos, porque son parte de estos reclamos.
Estos son algunos ejemplos nada más de los muchos mensajes, audios y videos que circularon por esos días. Todos estos mensajes ponían mucho énfasis en remarcar que era una manifestación sin color político, ni partidos, ni banderas.
Pero estos dejaban leer entre líneas que la movilización estaba mutando y se dirigía hacia otro rumbo. Ingresaban nuevos reclamos, más bien generales, con una ideología clara y un adversario definido: el Gobierno Nacional. Ya no era solamente un reclamo sectorial, sino que detrás habían otros intereses en juego.
Vayamos por partes. En lo que tiene que ver estrictamente a los reclamos ruralistas cabe señalar que hay sectores que están atravesando mayores dificultades que otros, como por ejemplo lo son el arrocero, el lechero y el de la ganadería familiar, y es por esto que las primeras medidas presentadas por el ejecutivo fueron orientadas a estos sectores.
No creo que las soluciones pasen por medidas homogéneas de reducción de tarifas y aumento del dólar como piden los autosconvocados. Entre otras cosas porque el sector agropecuario no es homogéneo, sino que tiene multiplicidad de rubros y sistemas de producción, por lo cual una medida de reducción de IVA en la tarifa de UTE puede tener un gran impacto en el sector lechero, pero no tanto en el sector de ganadería extensiva por ejemplo. Un aumento en el precio del dólar puede beneficiar a los sectores exportadores pero no así a los sectores que abastecen al mercado interno, como pueden ser el sector hortifruticultor que compra los insumos en dólares y vende los productos en pesos. Ni hablar que perjudicaría a los productores que estén endeudados en dólares.
Por lo tanto me parece muy acertada la decisión del gobierno y de nuestro Presidente Tabaré Vásquez en formar mesas de dialogo sectoriales para buscar soluciones.
Por otro lado, el sector agropecuario tiene algunas particularidades que hacen que su rentabilidad sea cíclica a lo largo del tiempo. Dentro de las características que contribuyen a esto se puede mencionar que es un sistema de producción a cielo abierto (lo que lo hace dependiente del clima) y además es tomador de precios. Lo que quiere decir que hay momentos en los que al sector le va muy bien y en otros no tanto. No hace mucho tiempo la soja por ejemplo se vendía a precios records. Ahora el precio cayó. ¿Porque no pensar entonces en retener un porcentaje de lo vendido épocas de bonanza para afrontar los momentos no tan buenos? A lo largo del tiempo este sector, sobre todo los grandes tenedores de tierra, han privatizado las ganancias y han socializado las pérdidas. ¿No será momento de revertir eso?
En el análisis de los autoconvocados no se ha mencionado al sector privado como parte de la problemática de rentabilidad. El precio del arrendamiento ha aumentado mucho (del 2002 a hoy paso de 24 a 124 dólares/ha), debido a las ganancias obtenidas por su uso, sin embargo no han disminuido con la misma velocidad, o casi no lo han hecho cuando los precios internacionales han caído. El 80 % de los productores arroceros son arrendatarios, por lo tanto tiene un peso significativo en su estructura de costos.
Tampoco se ha mencionado a la innovación tecnológica como parte de la solución a mediano y largo plazo. A mi entender Uruguay tiene como gran desafío dar un salto en términos de innovación e incorporación de tecnologías, agregarle más valor a nuestra producción primaria y de esta manera poder tener mejor posicionamiento en el mundo y así obtener acceso a nuevos mercados con más exigencias, más sofisticados y no solo permanecer como productores de materias primas. En ese sentido el sistema de trazabilidad de nuestro ganado es un ejemplo, nos ha permitido acceder a mercados que antes no ingresábamos, inclusive accediendo a la cuota 481 con precios 5 veces superior. Para la implementación de este sistema hubo, además de una decisión política, una fuerte inversión del Estado uruguayo que ronda los 90 millones de dólares.
Sin embargo lo que proponen es todo lo contrario. Lo que se conocía en otros momentos de la historia como un “ajuste estructural”: reducción del gasto público social (menor presupuesto para políticas sociales, educativas, de salud, vivienda, seguridad, innovación) y minimizar el rol del Estado en la economía. Además de una devaluación y flexibilización laboral que les permita, entre otras cosas, bajar los salarios de los empleados. Una receta neoliberal que ya conocemos bien y sabemos los resultados obtenidos. Un modelo totalmente opuesto al progresista llevado adelante por nuestra fuerza política en donde se amplió fuertemente el rol del Estado bajo la premisa que es garante de los derechos de la ciudadanía, concebidos como sujetos de derechos (a la salud, educación, vivienda digna, etc). Además de crecimiento económico con distribución de la riqueza, nueva agenda de derechos entre muchos logros a lo largo de estos 13 años.
Y en ese sentido coincido con lo planteado en el comienzo de la columna. Hay un modelo de País en juego. Hay dos visiones bien distintas. Cual elige la ciudadanía debe saldarse en las urnas en las próximas elecciones. Al parecer algunos ya largaron la carrera.

¿Ahora le toco a Uruguay?
El primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo marcado por el conflicto que mantuvo con la patronal agraria Argentina a raíz de la resolución 125/08, que aumentaba las retenciones móviles a la soja y girasol. El conflicto por el decreto se extendió durante 127 días e incluyo huelga de comercialización granos, cortes de ruta, actos y movilizaciones, cacerolazos alternados con negociaciones que no lograron acercar las partes. Las medidas pusieron al país al borde del desabastecimiento.
No paso mucho tiempo para que la medida de fuerza se politizara y los rumores acerca de un posible pacto entre líderes de la oposición, los dirigentes rurales y un tercer actor que fue el grupo Clarín y otros medios de comunicación, se gestaran en el aire sobre un intento de desestabilización al gobierno kirchnerista.
La ex Presidente Argentina durante el conflicto califico las manifestaciones como “los piquetes de la abundancia” y aseguro que no se iba a dejar extorsionar por lo que denominó “lock out” patronal.
Finalmente el ejecutivo envío la resolución al congreso donde, aprobada por la cámara de diputados, fue finalmente rechazado en el Senado, gracias al voto “no positivo” del entonces ex vicepresidente Julio Cobos.
En tanto en Venezuela se lleva adelante lo que se denomina “guerra económica” en donde la escasez de alimentos obedece a factores que se han desencadenado como consecuencia de esta, a raíz de la especulación, la acumulación y el contrabando de extracción. Así se justificada la ausencia de productos básicos en las cadenas de comercialización privadas.
El sector privado representa alrededor del 70 % de la producción venezolana. Es decir, una mayoría considerable que tiene parte en la estabilidad o inestabilidad económica de ese país. El conglomerado del sector privado, liderado por Fedecámaras y Consecomercio, han sido históricamente contrarios al modelo socialista venezolano.
Ambos organismos fueron parte del fracasado golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chavez. De hecho, el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, fue quien “tomo posesión” de la presidencia de Venezuela de forma arbitraria.
Desde hace mucho tiempo en las góndolas venezolanas se registran una intermitencia en cuanto a los productos de primera necesidad. Aparecen por un tiempo, pero desaparecen en otro. Esto ocurre principalmente con la leche, azúcar, harina de maíz, y de trigo y los productos de aseo personal. Estos son, básicamente los productos regulados por el gobierno a partir del 2013, debido a que los comerciantes especulaban estableciendo precios hasta 200 % por encima del costo real a determinados productos de la canasta básica.
Esto tiene también un claro objetivo político. El sector privado representa la mayoría del aparato productivo. Al no poner determinado producto en las góndolas, el pueblo empieza a preguntarle al gobierno ¿dónde está el producto?
Ese carácter “imprescindible” que adquiere el sector privado les da mucha fuerza y les permite mantener la guerra económica, que se acentuó al perder en las urnas en las elecciones presidenciales del 2013. Al perder en las urnas, buscaron ganar en las góndolas y encontraron en la economía una forma de dar golpes de Estado blando.
En estos días en nuestro país comenzaron a circular audios vía Whatsapp en donde se convocaba a productores a cortar por tres días el suministro de alimentos perecederos a Montevideo y al este del País, en protesta por “la situación del sector agropecuario”.” El primer objetivo es cortar el dialogo, ya que este no ha dado resultado en la historia del país para el sector agroindustrial”. En otro audio se proponía” cortar tres días todos los peajes del Uruguay” para impedir el pasaje de frutas y otros alimentos”
La idea tuvo origen en Paysandú en donde unos 50 productores manifestaron a diferentes medios de comunicación su reclamo por los costos del sector, que entienden elevados. ”No podemos tener un combustible a los precios que los tenemos, no podemos tener leyes sociales a los costos que tenemos y los pagos de IRPF, entre otros temas” manifestó uno de los organizadores.
Finalmente luego de reunirse en la Asociación Rural de Paysandú pospusieron las medidas y fijaron una próxima reunión para el 23 de enero en Durazno.
Claramente se está gestando en nuestro país un movimiento inspirado en los acontecimientos generados en Argentina y Venezuela. Utiliza las mismas herramientas y estrategias que en estos países, y persigue el mismo objetivo. Tiene como estrategia el desabastecimiento a través de diferentes mecanismos y de esta forma generar un ambiente de disconformidad y descontento en la ciudadanía justo en un año pre electoral. Tiene claramente un objetivo político, por más que se nos quiera hacer creer que son productores “independientes”, que trata de desacreditar y debilitar al gobierno, y de esta manera intentar ganar las elecciones nacionales, que les permitiría volver al poder e implementar políticas neoliberales de recorte y flexibilización laboral que tanto añoran.
El gobierno debería escuchar los reclamos auténticamente realizados de productores, sobre todo pequeños y medianos, que pueden estar atravesando dificultades, y junto a ellos tratar de encontrar soluciones. Seguro la situación económica que atraviesa los empresarios dueños de grandes extensiones de tierra que promocionan y fomentan estas movilizaciones, a los que les ha ido muy bien en estos últimos años, no es dificultosa ni de penuria. Me gustaría que ellos respondieran algunas preguntas como por ejemplo: ¿Cuándo el costo de producción fue bajo en nuestro país? ¿Cuándo al sector le fue mejor que en estos últimos 12 años?
Nosotros, los militantes de izquierda, deberemos estar atentos, porque obviamente aquí se está organizando otra cosa, para lo cual deberemos estar informados y alertas. Veremos que sucede el 23 en Durazno.